The Reform of the Stability and Growth Pact: A legal perspective
With Frédéric Allemand, Research Fellow, Robert Schuman Institute, Université du Luxembourg
28/06/2023 (10:30-12:00)
ACV-CSC BIE, Rue Royale 45, 1000 Brussels
Languages: French, English
The reform of the Stability and Growth Pact (SGP) has the potential to profoundly influence Members States’ economic policies for the years to come. Together with one of the leading experts in the field of Economic and Monetary Union Law, we will take a closer look at the Commission’s proposal from a legal perspective. We will discuss the functioning of the reformed SGP, highlight its new features and examine in particular:
- To what extent does the new Stability and Growth Pact contribute to shaping the content of public spending, and in particular social spending?
- What mechanisms are planned to ensure the transparency of the process and the democratic accountability of those involved?
- What role is left for trade unions in the new European Semester?
Participation is free, registration is required.
Resumen
El 26 de abril de 2023, la Comisión Europea publicó su propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las normas europeas para la supervisión mutua de las políticas presupuestarias de los Estados miembros y la coordinación de sus políticas económicas.
De este conjunto de normas, las presupuestarias son las más conocidas. Su principal objetivo es garantizar la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros que comparten la moneda común. En concreto, los Estados miembros se comprometen a evitar déficits presupuestarios superiores al 3% del PIB y a garantizar que su deuda pública no supere el 60% del PIB.
Estas normas han sido duramente criticadas, en particular desde la crisis de la deuda soberana de 2009-2010. Como señaló la propia Comisión en un informe de 2020, no han impedido que la deuda de los Estados miembros aumente y, en más de 13 de los 27 Estados, supere el nivel crítico del 60% del PIB. También se critica el carácter procíclico de las normas: al obligar a los Estados miembros a frenar su gasto en épocas de desaceleración económica, contribuyen a acentuar esta última. Por último, también se critica la complejidad del edificio legislativo, su opacidad y, en última instancia, la legitimidad democrática de las "recomendaciones" resultantes.
El nuevo paquete legislativo pretende subsanar estas deficiencias.
El nuevo pacto apenas modifica el contenido de las normas presupuestarias (los famosos 60% y 3%). Sin embargo, pretende conciliar la disciplina presupuestaria con la reforma y la inversión pública, haciendo mayor hincapié en el medio plazo. También pretende simplificar la gobernanza económica, mejorar la apropiación nacional y reforzar la aplicación de las normas.
Más concretamente, las principales novedades son las siguientes
- Los Estados miembros disponen de un plazo de cuatro años para sanear sus finanzas públicas.
- Este "periodo de ajuste" de cuatro años puede prorrogarse hasta tres años más si el Estado miembro se compromete a realizar determinadas inversiones y reformas.
- En lugar de basarse en su saldo presupuestario (ingresos menos gastos), el indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios de los Estados miembros es su gasto público neto.
- El nuevo paquete también prevé un régimen más estricto de control de la aplicación de las normas.
- Por último, se ha reforzado el papel de las instituciones presupuestarias nacionales independientes, lo que debería reforzar la responsabilización nacional.
El Parlamento y el Consejo deben ahora debatir, modificar y adoptar estos textos. El objetivo fijado es llegar a un acuerdo antes de finales de año.
Una evaluación de nuestro Presidente
El Presidente destacó brevemente el trabajo de EZA, que reúne a organizaciones de trabajadores, sindicatos e instituciones educativas. El diálogo social está en el centro de nuestras acciones, apoyadas por la Unión Europea en una línea presupuestaria especial. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es esencial para el bienestar de todos los ciudadanos europeos.
La anticipación estratégica de la UE es necesaria, pero también más difícil en la era de las crisis múltiples y las permacrisis, los cambios rápidos y los retos cambiantes, dado que es probable que persistan los actuales niveles de incertidumbre, volatilidad, complejidad, ambigüedad y riesgos a la baja. Necesitamos previsión y anticipación, teniendo en cuenta nuestro nuevo entorno. Conciliar el pensamiento a largo plazo con las prioridades a corto plazo. El PEC reformado debe ser más político, receptivo, enmarcarse en un proceso normativo de pensamiento estratégico más centrado en las opciones políticas, ser multidisciplinar, tener en cuenta el panorama general y romper los compartimentos estancos.
El Six Pack, el Two Pack, el Semestre Europeo, todos refuerzan el paraguas del PEC, un acuerdo diplomático vinculante entre los Estados miembros europeos, un conjunto de normas fiscales para salvaguardar la estabilidad y la unión monetaria. Sencillamente, los Estados miembros no pueden gastar por encima de sus posibilidades (déficit estatal no superior al 3% del PIB y deuda nacional no superior al 60% del PIB).
A menudo se considera que el PEC es una política dura y ciega, que sólo se fija en los hechos y las cifras y no tiene en cuenta a las personas, y se le critica por sus estrictas normas fiscales. Hay que reconocer que sin estabilidad presupuestaria no habrá margen para el crecimiento, necesario para las inversiones en la economía, el empleo y la política social. Los más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.
El Semestre Europeo se socializó progresivamente con el nuevo cuadro de indicadores sociales y ahora debemos socializar también el PEC, con la ciudadanía social, en un marco de derechos sociales basado en recursos a varios niveles. Es necesaria una Europa más social, que tome como piedra angular el Pilar Europeo de Derechos Sociales, una mayor convergencia hacia mejores condiciones de vida y de trabajo y que haga cada vez más hincapié en los objetivos sociales y en un papel más destacado de los agentes sociales, y en concreto de los sindicatos -como ya consagra el artículo 11 del Tratado- en el ciclo del proceso.
¿Supone el nuevo PEC propuesto una respuesta a los retos a los que nos enfrentamos?
¿Se basará más en los riesgos que en las normas? ¿Qué equilibrio entre la vertiente preventiva y la correctiva? ¿Serán más indulgentes y flexibles los requisitos de ajuste fiscal para los Estados miembros de la UE, y en qué medida? ¿Existe un enfoque basado en el riesgo más específico para cada país, que exija ajustes fiscales significativos a los Estados miembros con elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda y medidas adecuadas a los Estados miembros con déficits excesivos basados en la deuda? ¿Y una mayor diferenciación entre Estados miembros? ¿Se reforzarán los mecanismos de aplicación? ¿Puede esperarse un mejor cumplimiento de las normas?
En cualquier caso, el nuevo PEC debe apostar por unas normas fiscales adecuadas a los retos de esta década. Unas finanzas públicas saneadas nos permiten invertir aún más en la lucha contra el cambio climático, digitalizar nuestra economía, financiar nuestro modelo social europeo inclusivo y hacer que nuestras economías sean más competitivas" ( Ursula von der Leyen).