Mientras que la gobernanza económica europea, y en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), suele considerarse desde una perspectiva económica, los enfoques jurídicos de este conjunto de normas clave son menos frecuentes. El seminario de EZA «La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: una perspectiva jurídica» pretendía contribuir a colmar esta laguna. Para ello, invitamos a Frédéric Allemand, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Luxemburgo y uno de los académicos más destacados en el ámbito del Derecho de la Unión Económica y Monetaria, para que ofreciera un análisis jurídico de la propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento presentada por la Comisión. El acto fue financiado por la Unión Europea.
El seminario se celebró en Bruselas y en línea el 28 de junio de 2023, solo dos meses después de la publicación de la propuesta legislativa de la Comisión. Por tanto, fue una excelente oportunidad para llamar la atención de los sindicatos y las partes interesadas implicadas en el próximo proceso legislativo sobre determinados aspectos críticos de la reforma en una fase temprana, es decir, antes de que el Parlamento Europeo y el Consejo empiecen a debatir los textos.
Asistieron al acto más de veinte participantes. La mitad de ellos procedían de Bélgica (principalmente de Bruselas) y asistieron al seminario presencialmente, mientras que la otra mitad se conectó desde Alemania, Serbia y Portugal.
El seminario analizó las novedades de la propuesta de la Comisión. A continuación, se centró en el impacto de la reforma sobre el gasto social de los estados miembros, la legitimidad democrática de este nuevo mecanismo y el futuro papel de los interlocutores sociales en el mismo.
Aunque uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión era simplificar el actual PEC, el debate puso de manifiesto la complejidad jurídica de la reforma. A falta de modificaciones en el Tratado (y, por tanto, de cambios en las competencias de la UE), el ponente también puso en duda la eficacia del nuevo PEC para alcanzar su objetivo declarado, a saber, reducir el nivel de deuda pública de los estados miembros. Y lo que es más importante para las organizaciones de trabajadores, el PEC reformado, al centrarse en inversiones que fomentan el crecimiento, podría seguir frenando el gasto social en los estados miembros donde más se necesita.
En cuanto a la legitimidad democrática de la nueva construcción, la reforma propuesta no aporta ningún cambio significativo a la situación actual. El único cambio a este respecto es que el «diálogo económico» entre la comisión económica del Parlamento Europeo y las demás instituciones de la UE se ampliará a todo el Parlamento.
Por último, tampoco se modificará el papel de los sindicatos. La propuesta reconoce que la participación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo es «clave para garantizar la apropiación y la elaboración de políticas transparentes e integradoras». Sin embargo, el texto no incluye ninguna disposición que permita aumentar su participación, actualmente limitada.
Entre las propuestas de enmienda mencionadas durante el debate figura la de distinguir entre gasto corriente e inversión pública. Otra propuesta consiste en establecer una regla de oro de la inversión pública, que garantice que ésta quede excluida del cálculo del déficit. Esto, a su vez, permitiría a los estados miembros mantener un nivel adecuado de gasto corriente. Otra posibilidad para garantizar un nivel suficiente de gasto social sería incluir en los textos una «cláusula de salvaguardia» similar a la del Reglamento 472/2013. Esta disposición exige que los estados miembros que soliciten ayuda financiera de la UE presenten un programa de reformas que garantice «medios suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y la atención sanitaria».