La UE ha alcanzado un acuerdo histórico sobre la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), que obliga a las empresas a integrar normas de derechos humanos y medioambientales en sus operaciones. Anunciada el 14 de diciembre de 2023, esta directiva se dirige tanto a empresas de la UE como a empresas no pertenecientes a la UE con un volumen significativo de negocios, y aquellas en sectores de alto impacto como textiles, agricultura y construcción. La directiva obliga a las empresas a identificar y gestionar posibles impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente, incluyendo cuestiones como el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación y la deforestación. Este enfoque integral abarca toda la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución.
Además, las empresas deberán establecer un plan de transición climática para alinear su modelo de negocio con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. La legislación se aplica a grandes empresas de la UE y aquellas con una presencia sustancial en sectores de alto riesgo. También se extiende a empresas no pertenecientes a la UE que cumplan con ciertos umbrales de facturación en la UE.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de hasta el 5 % de la facturación global y un régimen de responsabilidad civil por daños. La Confederación Europea de Sindicatos reconoce el papel significativo de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en la implementación de estas estrategias de diligencia debida. La aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE está pendiente, marcando un paso crucial hacia la rendición de cuentas empresarial sólida en Europa. Esta directiva es un testimonio del compromiso de la UE con prácticas comerciales sostenibles y responsabilidad social.