El tema “El impacto de la pandemia del coronavirus sobre el empleo y los asuntos sociales”, en los días 14 y 15 de mayo de 2021 fue el centro de la conferencia organizada por la AFB (Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein) en cooperación con EZA. Debido a la pandemia, la conferencia se celebró en línea. Participaron más de 70 personas de Tirol del Sur/Italia, Alemania, Austria, Luxemburgo y Bélgica. La conferencia se celebró en alemán e italiano y contó con el apoyo de la Unión Europea.
La pandemia de COVID 19 confirmó el protagonismo de dos mecanismos fundamentales de regulación social. El Estado, actuando como estructura administrativa de interés general, y el modelo de estado de bienestar universal, demostraron ser verdaderos baluartes contra la emergencia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020. Desde mediados de marzo de 2020, algunos países europeos han puesto en marcha amplias ayudas para apoyar a las empresas perjudicadas por el brote de COVID 19, así como a los trabajadores amenazados de despido y a los sectores vulnerables de la población. Para poder prestar las primeras ayudas, los países no dudaron en asumir nuevas deudas y mostraron flexibilidad a la hora de ampliar los instrumentos de gestión de crisis existentes, como el trabajo a jornada reducida o la introducción de transferencias de dinero basadas en la necesidad de las familias más débiles.
Se necesitan nuevos puntos de referencia para el futuro en tres cuestiones clave: la eficacia del estado del bienestar y del sistema sanitario, la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el empleo y en el reparto de las responsabilidades domésticas, y la reducción efectiva de las crecientes disparidades de ingresos.
La pandemia en muchos países europeos ha provocado una reducción de la producción y los servicios, el cierre de escuelas y guarderías y considerables restricciones a la movilidad de la población. La actividad en varios sectores, por ejemplo, en la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios, así como la cultura y el ocio, se paralizó por completo en algunos momentos. La producción industrial, por ejemplo, en la elaboración de alimentos, en la industria del automóvil y en otros sectores, se redujo, lo que provocó considerables pérdidas de volumen de negocio o interrupciones en la cadena de distribución. Los engranajes de la actividad económica se paralizaron, al igual que las rutinas de los centros de enseñanza y la vida cotidiana de las familias.
El trabajo a jornada reducida era la clave para frenar el inminente desempleo masivo. Los subsidios temporales se dirigieron a las empresas, a los desempleados y a los trabajadores a jornada reducida, pero también a las familias y a los grupos vulnerables. Se ha concedido una prórroga para el pago de impuestos y tasas, así como una facilidad de pago a plazos para las prestaciones de vivienda. Se han flexibilizado las normas para el pago de los subsidios de desempleo, así como para la concesión de la jornada reducida o el fondo de despido. En los casos en que ya se habían introducido estas ayudas para la gestión de las crisis empresariales o económicas, se aplicaron generosamente. En Italia, a diferencia de otros países, se ha concedido a los trabajadores una protección especialmente amplia contra el despido, que está en vigor hasta julio de 2021.
En la medida de lo posible, las empresas sometidas al cierre han modificado su organización del trabajo, introduciendo el teletrabajo para los empleados fijos y las oficinas en casa para el personal temporal o contratado, para no tener que interrumpir los procesos empresariales. Mientras tanto, el teletrabajo y la videoconferencia se consideran opciones obvias para la organización del trabajo. Las plataformas virtuales son nuevos portales digitales para acceder al mercado laboral. El 11 % de los trabajadores de la UE ya han prestado servicios a través de una plataforma de este tipo.
Desde el punto de vista de los trabajadores, parece ser que la normativa de los distintos países para las plataformas internacionales sigue siendo ineficaz y que no existe una línea divisoria clara entre el trabajo asalariado y el autónomo. Por ello, para establecer una norma para toda la UE, que sustituya a las diferentes normativas de los distintos países, se está debatiendo actualmente la introducción de una directiva adecuada.
Las familias se vieron obligadas a aguantar encerradas durante semanas entre sus propias cuatro paredes. Los padres, especialmente las mujeres, suelen tener que gestionar de la noche a la mañana su propio trabajo y la educación de sus hijos, además de las tareas domésticas. El cierre resultó especialmente difícil para los padres de niños pequeños y las familias monoparentales. Las mayores cargas eran, en particular, las viviendas demasiado pequeñas, los bajos ingresos y el escaso tiempo disponible para poder cumplir los distintos compromisos. Pasar de un día a otro al teletrabajo o al trabajo en casa sin el equipo técnico adecuado y sin espacio suficiente resultó a menudo una aventura, al igual que el apoyo al aprendizaje en línea de los niños. La desigualdad entre hombres y mujeres, que existía mucho antes de la pandemia, en el mundo del trabajo, en la protección de la seguridad social, en el reparto de las tareas domésticas y en la educación y los cuidados, tendrá que ser abordada mediante reformas estructurales.
Durante la pandemia, la relevancia del sistema fue un punto de referencia clave para las decisiones políticas. Sin embargo, en lo que respecta a la funcionalidad de los sistemas de producción y formación, no se tuvieron suficientemente en cuenta las necesidades de los niños. Sufrieron la falta de movimiento y del contexto habitual para el aprendizaje y los contactos sociales. Mientras tanto, la investigación internacional demuestra el peso de los efectos psicosociales negativos en relación con el bienestar y el desarrollo de los niños. Ahora es imperativo ofrecerles la mayor normalidad posible en la vida cotidiana. El desarrollo requiere una supervisión para proporcionar los apoyos sociales psicosociales adecuados.
Ya en la actualidad, en los países con sistemas sociales avanzados, el amplio apoyo a las familias forma parte de la norma. El reconocimiento del valor social de la familia incluye un apoyo debidamente escalonado según las diferentes etapas de la vida. Durante la pandemia, fueron especialmente importantes los periodos con remuneración adicional de ayuda para los niños y familiares hospitalizados, las aportaciones a las familias para ayudar a sufragar los gastos esenciales y la facilitación del uso de los servicios de asistencia. A las familias sin ingresos se les concedió una ayuda económica procedente de un fondo de emergencia, formado por los recursos existentes y que se renovaron. Este apoyo ha demostrado ser crucial en la lucha contra la pobreza y una importante contribución al fortalecimiento de la cohesión social. La promesa de no abandonar a nadie, mensaje central del modelo de estado del bienestar europeo, se ha mantenido en la medida en que el presupuesto público lo permite.
Los propios países intervinieron, aunque a distintas velocidades y con diferentes grados de eficacia, con numerosos paquetes de apoyo a las empresas, los trabajadores y los hogares, y asumieron nuevas e importantes deudas. La tasa de endeudamiento de los distintos países aumentará considerablemente en 2021, alcanzando el 160 % en Italia, el 122 % en España, el 70 % en Alemania, el 85 % en Austria y el 117 % en Bélgica. El reembolso llevará muchos años. Por esta razón, es importante que los distintos países hagan un uso eficiente de los recursos de que disponen.
La ayuda de la UE, que se está activando gradualmente, es necesaria para que los países económicamente menos productivos puedan recuperarse con éxito y reformar tanto la economía como la administración pública de forma funcional. Mediante el programa SURE (suport to mitigate unemployment risks in an emergency) y el plan de recuperación (Recovery Plan), la UE ha destinado un total de 850.000 millones de euros a la recuperación económica. Sin embargo, los distintos países están obligados a vincular las ayudas a las reformas, facilitando la innovación, mejorando las infraestructuras y cumpliendo los requisitos del cambio ecológico en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de sostenibilidad de la ONU. Para ello, la UE prevé un seguimiento continuo de los resultados (impact assessment).