Entre el 20 y el 23 de febrero de 2020 se celebró en Praia Grande, Sintra, Portugal, un seminario internacional titulado “Distribución del bienestar y del poder: más democracia en el trabajo”, organizado por el Centro de Formación y Ocio (CFTL) y BASE – Frente Unitario de Trabajadores (BASE-FUT), con el apoyo del Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) y la Unión Europea. El seminario formó parte de la coordinación especial de proyecto de EZA “El futuro del trabajo: cambios en las relaciones laborales” y contó con la presencia de ponentes y representantes de organizaciones de trabajadores procedentes de España, Italia, Lituania, Polonia, Bélgica y Portugal.
Durante las tres décadas anteriores hemos sido testigos del rápido crecimiento de las desigualdades en la distribución de la riqueza y la renta en Europa y en el resto del mundo. Este crecimiento de la desigualdad ha venido acompañado por un creciente desequilibrio entre la remuneración del capital y la del trabajo, en detrimento del último, y también por un contraste entre el estancamiento de los salarios reales para la gran mayoría de los trabajadores y el crecimiento explosivo de los salarios de una élite restringida de trabajadores, como los directivos y las estrellas mediáticas y del deporte.
Esta situación no solo transgrede nuestro sentido más básico de justicia social sino que provoca también consecuencias muy perjudiciales para el futuro de nuestras democracias y sociedades. De hecho, todas las evidencias señalan que las sociedades desiguales tienden a ser aquéllas que muestran menos movilidad social y peores indicadores de salud, tolerancia a la diversidad, bienestar y felicidad.
Sin embargo, el crecimiento de las desigualdades y la concentración inherente de la riqueza favorecen también la captura de nuestras democracias por las élites económicas y financieras. La concentración del poder económico se traduce inevitablemente en la concentración de poder político, el crecimiento de la capacidad para legitimar y naturalizar la desigualdad, para fomentar políticas que reproducen desigualdades y que promueven socialmente a los muy ricos. Al mismo tiempo, el crecimiento de la desigualdad alimenta los fenómenos del resentimiento, la alienación y la desesperación, creando una base fértil para apoyar el autoritarismo y para generar manifestaciones de intolerancia, racismo y xenofobia.
Nuestro seminario se centró en tres herramientas políticas que han demostrado tener éxito históricamente al ser las más eficaces para combatir las desigualdades: la democracia en el lugar de trabajo, los sistemas fiscales progresivos y las estructuras extensas de negociación colectiva. La implementación de estas herramientas y políticas permitió a Europa convertirse tras la Segunda Guerra Mundial en un estandarte del progreso social y económico en el mundo.
La democracia en el lugar de trabajo y la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones dentro de las instituciones en las que trabajan se consideran en la actualidad en términos que oscilan entre la perplejidad y la hostilidad directa. Esto se debe en parte, al resultado histórico de la acción de coaliciones de fuerzas que pretenden obstaculizar dicha participación, tal y como sucedió con el movimiento cooperativista en Portugal. Sin embargo, también se debe al triunfo gradual de las corrientes monistas en gestión, que minimizan la importancia de las acciones colectivas y el diálogo social, no reconociendo la diferencia de intereses entre trabajadores y empresarios. Esto es todavía más lamentable ya que diversos estudios han demostrado que la participación de trabajadores aporta beneficios evidentes para la productividad, la satisfacción de los trabajadores y la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Por ello, es urgente fomentar el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo y promover una cultura de la participación dentro de las empresas y de otras instituciones empleadores.
La progresividad de los sistemas fiscales es otra política importante para luchar contra la desigualdad. Uno de los avances de la civilización de los dos siglos anteriores fue la transformación de los impuestos de un tipo de extorsión que pretendía garantizar la represión estatal y la capacidad militar a un mecanismo de pleno derecho para la redistribución. De hecho, los sistemas fiscales progresivos modernos operan en contra de las desigualdades en dos niveles: directamente, enfocándose en los más ricos con las mayores tasas impositivas, indirectamente, usando los ingresos fiscales para financiar las funciones sociales del estado (educación, salud, seguridad social, cultura y protección del medio ambiente) y los servicios públicos universales que garanticen el bienestar de la población.
Desgraciadamente, la eficacia de esta herramienta ha sido socavada en las últimas tres décadas por la creciente riqueza de los impuestos regresivos (como el IVA), por la reducida fiscalización de la riqueza improductiva (rentas, propiedad y ganancias patrimoniales) y el capital financiero, por la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas y de otros promotores, por la competitividad fiscal entre estados y jurisdicciones incluso dentro de la Unión Europea y por la persistencia de los paraísos fiscales. La debilidad de la fiscalización de la propiedad y del capital ha sido tal que, las contribuciones empresariales obligatorias a la seguridad social en Portugal han sido más eficaces que la propia fiscalización como medios para garantizar algún tipo de contribución por parte de las empresas.
Por ello, es urgente intensificar la progresividad en la fiscalización de la renta, para incrementar su ámbito para incluir rentas y propiedades y para defender un mayor nivel de armonización fiscal entre los estados miembro de la Unión Europea, sobre todo apoyando la propuesta de una directiva sobre una base fiscal común corporativa consolidada. Los sindicatos también deberían luchar por una fiscalización justa de las transacciones financieras y para fomentar los esfuerzos de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para combatir la evasión y la elusión fiscal. Las organizaciones de trabajadores también deberían participar en la pedagogía de la fiscalización progresiva como herramienta clave para combatir la desigualdad.
Por último, se debería resaltar el papel central de la negociación colectiva a la hora de reducir la desigualdad. La negociación colectiva permite firmar contratos sectoriales que fijan términos de referencia para trabajadores y empresas en relación con salarios y condiciones laborales. Las ventajas de la negociación colectiva también son obvias para los trabajadores. Sin ella, los trabajadores estarían completamente a merced de los antojos de los empresarios que tendrían libertad completa para fijar los términos contractuales que quisieran. Sin embargo, la negociación colectiva también presenta ventajas significativas para los empresarios, como forma de prevenir el dumping social y la competitividad injusta entre empresas.
Por desgracia, la negociación colectiva ha sido un objetivo fundamental de las políticas neoliberales. Este fue el caso de Portugal a comienzos de los años 2010 cuando el ataque sobre la negociación colectiva fue un elemento clave del programa de ajuste promovido por la Troika.
El resultado fue una caída radical en el número de contratos sectoriales firmados y en su ámbito. La caída fue tan grande que la negociación colectiva todavía está pendiente de recuperarse a niveles de antes de la crisis, un hecho que ha reducido la capacidad del incremento de los salarios mínimos para fomentar un incremento general de salarios en el país. Como resultado, se ha incrementado la proporción del trabajadores cubiertos por este umbral mínimo alcanzado el 20 % en 2019. Por ello, es fundamental recuperar la dinámica de la negociación colectiva, incrementado el número de trabajadores y el ámbito de su cobertura.
Este seminario concluyó que la promoción y la defensa de estas tres herramientas deberían estar en el núcleo de las agendas de las organizaciones de trabajadores y que se deberían realizar todos los esfuerzos posibles para difundir el conocimiento entre sus miembros y entre los trabajadores en general. Solo con un esfuerzo amplio, d y a nivel europeo será posible influir en el debate público sobre este ámbito y revertir la tendencia actual de creciente desigualdad.