Como bien se sabe, las reglas fiscales de la UE son directrices diseñadas para garantizar que los países de la Unión mantengan unas finanzas públicas «sólidas». Estas normas evitan déficits y endeudamientos públicos excesivos, lo que a su vez debería fomentar la estabilidad económica y prevenir crisis financieras.
La Comisión Europea propuso una reforma de estas normas en abril de 2023 para actualizarlas y abordar una serie de deficiencias puestas de manifiesto durante la crisis anterior, incluida la crisis de deuda de 2008-2010 y la pandemia de COVID-19. En palabras de la Comisión, la reforma debería dar lugar a un marco de gobernanza más sencillo, transparente y eficaz «que permita la reforma y la inversión, reduciendo al mismo tiempo los elevados ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenible».
Entre las principales novedades de la reforma figura la extensión del «periodo de ajuste» para que los Estados miembros vuelvan a situar sus finanzas públicas en una senda saneada: Los Estados miembros que se comprometan a realizar determinadas inversiones y reformas dispondrán ahora de siete años en lugar de cuatro para «volver a la senda correcta». El nuevo indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios de los Estados miembros será su gasto público neto, en lugar de su saldo presupuestario (ingresos menos gastos). Por último, el nuevo paquete también prevé un régimen de aplicación más estricto.
Las organizaciones de trabajadores han expresado desde el principio su preocupación por esta reforma, y la CES señaló que las nuevas normas «permitirían el regreso de la austeridad e impedirían la acción por el clima». Los sindicatos calcularon que los Estados miembros tendrían que recortar el gasto en al menos 45.000 millones de euros a partir de 2024, una cantidad que permitiría pagar a más de un millón de enfermeras o 1,5 millones de profesores.
El acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en febrero de 2024 no parece haber convencido a las organizaciones de trabajadores. De hecho, en una carta abierta publicada en abril de 2024, las organizaciones sindicales más representativas de Bélgica, España, Francia e Italia pidieron a los eurodiputados que rechazaran el texto. No obstante, la reforma fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo un par de semanas más tarde.