La necesidad de reforzar el diálogo social en la UE lleva mucho tiempo en el orden del día. En los últimos años, este objetivo ha sido reafirmado en varias ocasiones por los Estados miembros, incluso en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales 2021 y en el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Si bien se ha reconocido ampliamente la necesidad de reforzar el diálogo social, la afiliación sindical y la cobertura de la negociación colectiva no han dejado de disminuir en las últimas décadas.
El 25 de enero, la Comisión publicó su iniciativa de diálogo social, cuyo objetivo es reforzar el diálogo social tanto a escala de la UE como nacional.
En la práctica, la iniciativa consiste en una propuesta de recomendación del Consejo y una comunicación de la Comisión. La recomendación dirigida a los Estados miembros ofrece aportaciones sobre cómo impulsar el diálogo social a escala nacional; la comunicación explica cómo pretende hacerlo la Comisión a escala de la UE.
Para alcanzar estos objetivos, la iniciativa prevé el mismo conjunto de políticas tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Se trata, a grandes rasgos, de las siguientes:
- apoyo a los acuerdos de los interlocutores sociales
- reforzar la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas
- proporcionarles apoyo financiero y técnico
De todos los instrumentos disponibles, la Comisión ha elegido los dos tipos de actos menos vinculantes. Como su propio nombre indica, una recomendación es sólo una propuesta para que los Estados miembros actúen de una determinada manera – lo que excluye todo mecanismo de ejecución. La comunicación se limita a informar a los Estados miembros – en este caso sobre las medidas que la Comisión se propone adoptar. Dado que la competencia de la UE en asuntos relacionados con la negociación colectiva es muy limitada, la Comisión probablemente no tuvo más remedio que utilizar estos instrumentos. Sin embargo, cabe preguntarse si serán suficientes para obligar a los Estados miembros a actuar.
También cabe señalar que muchas de las disposiciones de la iniciativa ya están incluidas en actos vigentes de la UE, como los relativos a la protección de los representantes de los trabajadores, a la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y a la necesidad de aumentar la cobertura de la negociación colectiva. Si los Estados miembros no han aplicado estas medidas hasta ahora, ¿por qué deberían convencerse ahora con dos actos no vinculantes?
No obstante, la iniciativa incluye varios elementos potencialmente interesantes. Uno de ellos es el nombramiento, en cada Dirección General de la Comisión, de un coordinador del diálogo social, que debería garantizar una mayor participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas de la UE. Otro es el compromiso de la Comisión de desarrollar un conjunto de indicadores para supervisar la aplicación de la recomendación. El último es el compromiso de la Comisión de supervisar periódicamente la aplicación de la Recomendación en el contexto del Semestre Europeo. Si estos tres elementos se llevaran a la práctica de manera efectiva, sería un gran paso adelante para el diálogo social en la UE.
Sobre este tema:
Seminario USO "El diálogo social europeo: una apuesta en común. Avances y retrocesos en las regulaciones del diálogo social y la legislación sindical"
8-10 de febrero, Palma de Mallorca (España)
https://www.eza.org/es/programa-de-seminarios/seminario/repercusiones-de-la-pandemia-del-coronavirus-en-el-empleo-y-la-vida-social-de-las-personas-jovenes-1