Sólo si tratamos el planeta con cuidado podremos garantizar un espacio vital de alta calidad para las generaciones futuras: este es un objetivo compartido por todos en la UE. Sin embargo, existen dos obstáculos: por un lado, falta la necesaria determinación para el cambio estructural del sistema económico y del consumo y, por otro lado, hay que abrir el diálogo social, indispensable para que el proceso de transformación sea sostenible. Este fue el resultado de la conferencia internacional celebrada por la asociación Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (AFB - centro de trabajadores, ocio y formación) y EZA en los días 21 y 22 de mayo de 2022 en Brixen (Italia), titulada “La protección del clima y el mundo laboral: ¿hasta qué punto es social el Pacto Verde?”.
Más de 70 representantes de organizaciones de trabajadores de Alto Adigio/Italia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, Bulgaria, Serbia y Polonia asistieron a la conferencia, financiada por la Unión Europea.
Varios representantes de sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, así como expertos procedentes de distintos países, analizaron los riesgos económicos, laborales y sociales de este cambio. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas, ha contribuido a concienciar a las personas de todo el mundo con respecto a los problemas ecológicos. Muchas investigaciones científicas, de diferentes países y a nivel regional, y sobre todo los informes del IPCC (grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático) refuerzan la hipótesis de que es necesaria una reorientación radical del sistema económico para poder gestionar el cambio climático. Hasta ahora, la comunidad internacional ha sido capaz de gestionar las consecuencias de manera que se puedan evitar daños irreparables en el espacio vital de los seres humanos y en el equilibrio ecológico. Sin embargo, la pandemia y la guerra en Ucrania están dificultando tanto los esfuerzos de reforma de los países de la UE como la voluntad de innovar por parte de las empresas. Cada país deberá elaborar sus propios programas de reestructuración ecocompatible para la industria, la construcción, el suministro de energía, el transporte y la agricultura, en función de los objetivos. Los ciudadanos tendrán que cambiar sus hábitos de consumo y orientarse hacia nuevos criterios de bienestar económico.
Los sindicatos apoyan el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030 y de aspirar a un mercado europeo neutro desde el punto de vista climático para el año 2050. Piden a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cumpla su promesa y que "no abandone a nadie". Se requiere una mayor transparencia y codecisión en el planteamiento de la transición y el uso de las facilidades de la UE, principalmente el Fondo de Transición Justa. Hasta ahora ha habido poca reacción a su propuesta de establecer consejos de transformación en los distintos países y a nivel regional, para gestionar las distintas fases (Transición Justa) del cambio estructural en la industria, en la construcción, en el sector energético, en la red de transportes y en la agricultura mediante un diálogo tripartito estructurado.
La política no podrá perder de vista los objetivos ecológicos en el proceso de reorientación social y tendrá que lograr soluciones que distribuyan la carga del cambio ecológico en el sistema económico y el consumo de forma equitativa. Se trata de intentos que no son fáciles, expuestos a la presión de los distintos lobbies y debilitados por la gran pérdida de confianza de la población. Los sindicatos, que representan los intereses de una gran parte de la población, son un actor político importante en la búsqueda de soluciones aceptables y piden más rapidez y determinación en la aplicación del Green Deal.
Se requieren soluciones equilibradas entre la ambición de beneficios, la consideración ecológica y la protección social, para que ni los empleados ni los grupos débiles de la sociedad se vean abrumados. Las demandas prioritarias de los sindicatos para la gestión de la probablemente larga fase de transición son una garantía de ingresos, de programas sociales, de oportunidades de reciclaje profesional y de iniciativas para mantener el empleo de los trabajadores amenazados o en peligro por la pérdida de sus puestos de trabajo debido a la transición a nuevos procesos técnicos y sectores de producción. Se necesitan nuevas posibilidades de formación para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias en el momento oportuno. Por último, los sindicatos reclaman amortiguadores sociales para quienes sufren un desajuste entre las cualificaciones profesionales adquiridas en el pasado y la oferta de trabajo actual, así como ayudas en los casos en que la falta de puestos de trabajo a nivel local exige una mayor movilidad. La política fiscal también tendrá que actuar como herramienta social, fundamental para una transformación respetuosa con el medio ambiente.
Para los perdedores del cambio, especialmente aquellos socialmente desfavorecidos o que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza, hay que garantizar unos ingresos mínimos adecuados, así como una vivienda y una energía asequibles. Sin embargo, todavía quedan algunos asuntos pendientes del proceso de reestructuración económica de los años 90 y, por tanto, de la correspondiente reducción de las protecciones sociales y de los derechos de codecisión. A falta de acuerdos entre las partes contratantes, es probable que se agrave la proletarización de los trabajadores y el lento desmantelamiento de los sistemas de seguridad social. En primer lugar, hay que evitar la precariedad de los contratos laborales: el trabajo debe garantizar unos ingresos dignos y una pensión adecuada. Se necesitan urgentemente normas flexibles para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, y la concertación deberá aumentar su dinámica, permitiendo la codecisión en pie de igualdad con los trabajadores en el marco de la transición.
Los sindicatos señalan la necesidad de volver a aumentar los fondos de la UE y de destinar los fondos actuales al fortalecimiento y a la innovación del sistema económico, además de la financiación de los sistemas de protección social. Las estimaciones de la magnitud de la carga que supone la descarbonización de importantes sectores industriales apuntan a que los distintos países tendrán que asignar en sus presupuestos medios mucho mayores con respecto a los que han destinado hasta ahora. Por último, se apoya la creación de un fondo adicional para mejorar la eficiencia energética de los edificios, dotarlos de herramientas técnicas respetuosas con el medio ambiente y mitigar la pobreza energética. Estas medidas deben beneficiar especialmente a los hogares en riesgo de pobreza y tener en cuenta las necesidades de las zonas rurales.
Las empresas tendrán que asumir sus responsabilidades para el bienestar y la protección del empleo de sus trabajadores, por ejemplo, a través de las prestaciones sociales de la empresa, los programas sociales de reestructuración, la facilitación de la formación continua o la igualdad de trato entre empleados fijos y precarios. Hay que abandonar la maximización del beneficio sin ninguna responsabilidad social y ecológica como paradigma central de la actividad empresarial. Hace ya 50 años, el Club de Roma presentó un estudio fundamental sobre los límites del crecimiento. A lo largo de los años transcurridos, se han subestimado los índices económicos de un sistema orientado exclusivamente a la maximización de los beneficios, y no se ha prestado atención a las alarmas ecológicas. En estas condiciones, los ciudadanos temen que ni ahora ni en los próximos años se pongan en marcha las apuestas "adecuadas". Con más razón, en este periodo de transición los sindicatos tienen que intervenir para que se tomen decisiones responsables y orientadas al futuro.