“Unas condiciones de trabajo justas: El pilar europeo de derechos sociales como base para un nuevo consenso de los interlocutores sociales” era el título del congreso internacional, organizado por Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein AFB (asociación de trabajadores, tiempo libre y formación) y del Centro europeo para los asuntos de los trabajadores subordinados (EZA), en Nalles, Italia, el 10 y el 11 de mayo. En el congreso participaron más de 70 representantes de organizaciones de trabajadores procedentes de Alto Adigio (Italia), Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Serbia, Luxemburgo y Bélgica. El congreso contó con el apoyo de la Unión Europea.
El pilar europeo de los derechos sociales otorga una buena base para establecer cómo desarrollar ulteriormente el modelo del bienestar a la hora de entrar en la era digital. En todos los países de la UE, los políticos y los interlocutores sociales deberán trabajar juntos para orientar la sociedad hacia los principios de justicia, solidaridad y del derecho de palabra de los trabajadores en el mundo del trabajo futuro. Estas son las conclusiones del congreso EZA del 10 y 11 de mayo que tuvo lugar en Nalles en Alto Adigio, donde los expertos analizaron el pilar europeo de los derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea en 2017. Además de Piergiorgio Sciacqua, copresidente de EZA, muchos científicos y representantes sindicales destacaron el significado del documento normativo que al mismo tiempo es un compromiso para un modelo social europeo específico, un mandato de reforma y una lista de requisitos. Basándose en los valores expresados en las encíclicas papales concernientes al mercado del trabajo, el pilar europeo de los derechos sociales confirma que está plenamente en consonancia con el compromiso social de las organizaciones afiliadas a EZA.
En 20 puntos, el pilar europeo de los derechos sociales lista todos los sectores en los que se requiere más progreso, como el acceso al mercado del trabajo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo justas, la protección social y la inclusión social. Otros aspectos prioritarios son el establecimiento del derecho a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente, las medidas para sostener la empleabilidad y la protección social durante la transición profesional. Los jóvenes deberían de gozar del derecho a la educación permanente, al aprendizaje, a períodos de práctica o a una buena oferta de trabajo en un plazo de cuatro meses a partir del momento en que se quedan sin trabajo o terminan su formación. La igualdad de oportunidades también se considera un derecho.
En la sección sobre las condiciones de trabajo justas, las exigencias de flexibilidad de los empleadores son contrarrestadas por un lado por la necesidad de prevenir el empleo precario y por otro lado por la definición de garantías formales concernientes a las condiciones de trabajo y a la protección contra los despidos. Además, se destaca el derecho a un salario mínimo adecuado que garantice el sustento a los trabajadores y a sus familias y la necesidad de poner en marcha medidas para conciliar el trabajo y la vida familiar. Se destacó la importancia del diálogo social como método para compartir la responsabilidad de los interlocutores sociales preservando al mismo tiempo las buenas prácticas de negociación colectiva. Finalmente, la protección social fue ampliamente debatida con respecto al cuidado y a la asistencia de los niños, la atención sanitaria, el apoyo en el caso de desempleo y pobreza, pensiones adecuadas, atención a largo plazo y viviendas.
Desde su proclamación, el pilar europeo de los derechos sociales ha sido criticado en múltiples ocasiones por la carencia de valor jurídico y por la demanda de flexibilidad por parte de los empleadores. De hecho, existe una urgente necesidad de actuar: las cifras relativas a las tendencias salariales y a los niveles de protección social muestran que las retribuciones justas y las condiciones de trabajo son permanentemente puestas en cuestión en este período de crisis económica en el que el modelo de cooperación social ha sido abandonado de manera explícita. Las empresas están sometidas a la competencia local e internacional y tienden a proteger su competitividad cortando costes referentes a trabajo, salud y seguridad. Cuando se firman convenios colectivos, las cláusulas de exclusión y las prácticas de dumping social socavan la existencia de estándares de justicia salarial y de seguridad social. Muchos gobiernos de los estados miembros de la UE se han alejado de la práctica de concertar medidas de política social con los sindicatos y por consigiuente están favoreciendo la reducción de los derechos sociales y de la protección social. Todo ello, a su vez, tiene un impacto en la tasa de sindicalización de los empleados.
Sin embargo, frente a un mercado del trabajo liberalizado y a un enfoque marcadamente neoliberal, la UE representa un bastión de esperanza para los trabajadores, como demuestra la historia del proceso europeo de unificación. Desde el inicio, con la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, la Comunidad Europea ha sido también un proyecto social: el objetivo no era sólo el de promover la prosperidad económica y la cooperación, sino también el de “mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores” (artículo 3 del Tratado de la CECA), tomando medidas contra el así llamado dumping salarial y garantizando la movilidad transfronteriza; los estados miembros tenían que “prohibir cualquier discriminación de retribución y condiciones de trabajo entre trabajadores domésticos e inmigrantes” (Artículo 69). En su época, la CECA marcó el rumbo para apoyar la industrialización fuera de las fronteras nacionales y para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas a los trabajadores que se trasladaron a las nuevas zonas industriales en construcción. Hoy en día, una vez más nos encontramos frente a grandes cambios en la economía y en el mercado de trabajo. Los estándares de protección adquiridos en la era industrial pueden ser fácilmente adaptados al mundo del trabajo digital sólo si los reglamentos correspondientes se acuerdan a nivel europeo.
Los sindicatos y las asociaciones sociales se benefician del hecho de que la dimensión social de la UE está enraizada en los contratos de la UE, y luego fue confirmada y ampliada mediante directivas que introducen garantías de protección. Estableciendo estándares mínimos (por ejemplo horario de trabajo, vacaciones, trabajo temporal, igual remuneración por igual trabajo, protección de la maternidad), la UE contribuyó de forma importante a mejorar la protección de los trabajadores. El enfoque es sostenido por programas políticos coordinados para el empleo, la igualdad de oportunidades, la formación profesional e incentivos como el FSE. El diálogo social es un principio sostenido por la UE a todos los niveles para garantizar a las representaciones de los trabajadores el derecho de palabra. A la vista de estos hechos, el euroescepticismo generalizado parece que se debe sobre todo a la falta de información.
Dado que la UE, desde la proclamación del pilar europeo de los derechos sociales, no consiguió transformar los acuerdos entre los interlocutores sociales en normas o acuerdos de asociación social, se puede suponer que se tendrán que superar resistencias muy fuertes.
En el congreso de EZA se concluyó que la UE, con el pilar europeo de los derechos sociales, su ordenamiento jurídico y su historia, ofrece hechos y argumentos para la lucha contra la precarización de los contratos de trabajo, la erosión del estado de bienestar y la represión contra los derechos sindicales. Es necesario defender la dignidad del trabajo y de los trabajadores además de la ética del modelo de economía social contra la globalización y la desregulación. Los sindicatos y las asociaciones deberán aumentar las presiones sobre los interlocutores sociales y los responsables políticos en Bruselas, para que los principios generales de la proclamación se transformen en medidas obligatorias. Deberán hacerse oír mejor por la opinión pública y comunicar más activamente los éxitos y los logros de la UE, lo que la UE misma debería de hacer como institución.