El Gobierno de España ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 80 euros mensuales para 2023. Es decir, el salario mínimo español se sitúa en 1.080 euros mensuales por 14 pagas, ya que en España, además de las doce mensualidades, se abonan dos pagas extraordinarias obligatorias en julio y en diciembre. Aunque el anuncio se ha dado al finalizar enero, los trabajadores cobrarán la subida correspondiente a enero con efectos retroactivos.
USO considera muy positivas las subidas del salario mínimo, y mucho más en el contexto de inflación generalizada que sufre tanto España como el resto de Europa. Sin embargo, hay varios factores que ensombrecen esta noticia: la cuantía, los tiempos y el modo de negociación.
¿Por qué 1.080 euros es un SMI bajo?
En España, los salarios se han devaluado durante muchos años. A pesar de que en los últimos años ha habido subidas mayores, ni los salarios en general ni el SMI se han adecuado al salario digno.
“La propia Confederación Europea de Sindicatos, y otros muchos organismos de carácter europeo, además de expertos independientes, han puesto una cifra a ese SMI: el 60 % del salario medio de un país. Y, en el caso de España, basándonos en estadísticas oficiales, esa cifra no es 1.080 euros mensuales, sino 1.219 euros. Por eso consideramos que la subida es insuficiente”, argumenta el secretario general de USO.
¿Por qué perjudica a los trabajadores decretar la subida del SMI con el año ya empezado?
“El sistema de contratación pública de servicios español renueva muchos de esos servicios a 1 de enero. Se firma el contrato para un año y la empresa adjudicataria calcula de ahí las nóminas de su plantilla y sus ganancias. Es decir, el presupuesto lo entrega pensando en un SMI de 1.000 euros y se firma para todo el año. Hay que decir que, precisamente, estas empresas de servicios a la Administración Pública son las que pagan ese salario mínimo, porque son servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza… los sectores que cobran el SMI. Esto, a lo largo del año, desemboca en impagos, despidos o incumplimientos de servicio porque las empresas no llegan al beneficio esperado al haber cambiado los costes de personal.”
Por todo ello, USO defiende que el año debe empezar con el SMI ya establecido, forzando las negociaciones en diciembre, cuando ya se conoce la tendencia inflacionaria y la media de los salarios.
Un diálogo social capado
Por último, otro mal endémico de las negociaciones del SMI y de otras decisiones que afectan a todos los trabajadores es el modelo de diálogo social de España.
“Tanto el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica de las relaciones laborales como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que desarrolla la regulación de los sindicatos, no son democráticos. Benefician a dos grandes sindicatos, que tienen más derechos que el resto de sindicatos, lo que conlleva que reciban financiación pública para sostener sus estructuras, que puedan obstaculizar el derecho a celebrar elecciones sindicales si ellos no tienen candidatos o que sean los únicos que puedan negociar por todos los trabajadores, parados y jubilados, cuando el porcentaje de trabajadores que votan a otros sindicatos es cada vez mayor”, explica el secretario general de USO.
“Es un modelo nacido en un contexto histórico muy especial, al inicio de la democracia, pero que no se entiende hoy en día, 40 años después”, lamenta USO.
Laura Estévez Fernández, USO
Más noticias: www.uso.es