El salario mínimo mensual es una herramienta política en Portugal de larga duración, que se creó poco después de la revolución democrática de 1974. Cada año, el gobierno determina el valor del salario mínimo tras la consulta a los agentes sociales. En 2020, el salario mínimo se fijó en 635€ al mes y, según el plan del gobierno, debería alcanzar los 750€ al mes para 2023.
Como la competitividad de la economía portuguesa ha dependido históricamente del mantenimiento de unos salarios bajos, el salario mínimo mensual ha desempeñado un papel fundamental en el mercado laboral portugués desde su creación. El salario mínimo ha tenido un impacto inmediato y eficaz en la vida de los trabajadores que se sitúan en la base de la estructura salarial. Sin embargo, su importancia también radica en su rol como punto de referencia para la negociación colectiva. Los incrementos del salario mínimo benefician al resto de los trabajadores, a través de la negociación colectiva, con un auténtico efecto multiplicador a través de toda la estructura salarial.
El caso portugués ilustra muy bien este mecanismo. Parte de la intervención de la Troika en Portugal entre 2011 y 2014 se centró en debilitar las estructuras de negociación colectiva, además de congelar el salario mínimo. El aumento del salario mínimo se volvió a introducir en 2015 y se situó en un significativo 4,5% anual. Sin embargo, en ese mismo período las iniciativas para recuperar la negociación colectiva han sido escasas, perdiéndose así, en gran medida, el efecto multiplicador del salario mínimo. En abril 2011, la proporción de trabajadores portugueses que percibían el salario mínimo se situaba en un 9,4%, mientras que en abril de 2017 la proporción alcanzó un 25,7%.
La experiencia portuguesa ofrece pistas importantes para el debate sobre el salario mínimo europeo. La propuesta de la Comisión Europea para el salario mínimo se centra en el salario mínimo como herramienta para luchar contra la pobreza. Resulta comprensible y cubre la necesidad de dos conjuntos de países en el seno de la Unión Europea. Para los países del Norte de Europa, con unos Estados de bienestar avanzados y sólidas estructuras de negociación colectiva, el salario mínimo europeo puede constituir una herramienta importante para evitar casos más o menos esporádicos de explotación extrema de los trabajadores que, por alguna razón, se cuelen por los agujeros de la red de negociación colectiva y diálogo social. Para los países de Europa del Este, el salario mínimo europeo puede suponer una contribución importante a la hora de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, debido a la relativa debilidad de sus Estados de bienestar e instrumentos de regulación laboral.
Son metas loables. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión merece gozar de nuestra solidaridad, como trabajadores y como ciudadanos europeos. Al mismo tiempo, esta propuesta no logra abordar la cuestión clave para los países del Sur de Europa: la relación entre el salario mínimo europeo y la negociación colectiva. Como reconoce la propuesta misma, las estructuras de negociación colectiva y diálogo social han sufrido una erosión, a menudo intencional, dentro de la Unión Europea. Esta erosión ha afectado, ante todo, a los países más castigados por las crisis de la deuda en la última década, como Portugal, España y Grecia.
No se puede subestimar esta tendencia y su inversión debería alzarse como una de las prioridades políticas en las relaciones laborales. Si tomamos de nuevo el ejemplo de Portugal, a priori parecería que la creación del salario mínimo europeo tendría poco impacto, puesto que el país cuenta con una herramienta análoga de larga duración.
Sin embargo, para países como Portugal, el beneficio de la creación de un salario mínimo europeo no provendría de fijar un valor eventual o una fórmula para calcular un salario mínimo basado, por ejemplo, en umbrales de pobreza. Ante la prevalencia de salarios bajos en la estructura salarial portuguesa, estos valores pueden acabar siendo inferiores al actual salario mínimo nacional, convirtiendo el salario mínimo europeo en irrelevante.
El beneficio real sería más bien la estructura legislativa e institucional que acompañará y controlará la ejecución del salario mínimo europeo y, ante todo, el relanzamiento de la negociación colectiva, si lo consigue dicha estructura, como tema central del debate público, así como la elaboración de políticas nacionales en cada Estado miembro.
El salario mínimo europeo en su conjunto debería incluir elementos como recomendaciones políticas sobre la relación entre los salarios mínimos y el resto de la estructura salarial, la fijación de objetivos europeos sobre la calidad y la cobertura de la negociación colectiva, así como recabar sistemática datos e información, con el fin de realizar un seguimiento de la evolución de los diferentes países en estas dos áreas. Si incluye estos elementos de forma prominente, el salario mínimo europeo podría convertirse en un pilar de revitalización del diálogo social en Europa.
(João Paolo Branco)