En octubre del año pasado, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE. La iniciativa, ampliamente respaldada por los sindicatos, fue criticada por las asociaciones patronales y por algunos Estados miembros, que argumentaron que la UE estaba interfiriendo en las prerrogativas de los interlocutores sociales nacionales. Tras la adopción de la directiva, el gobierno danés inició un procedimiento para que el Tribunal de Justicia la anulara. El Gobierno sueco anunció en abril de 2023 que se sumaría a esta iniciativa.
Al mismo tiempo, la Comisión publicó en septiembre de 2022 una propuesta más modesta de recomendación sobre los regímenes de renta mínima en la UE. Reflejo de la directiva sobre salario mínimo, este instrumento se centra en las "rentas mínimas", es decir, la ayuda financiera a las personas sin trabajo o con ingresos insuficientes. El objetivo es garantizar que los Estados miembros fijen estas ayudas financieras en un nivel adecuado, para evitar que los beneficiarios caigan por debajo del umbral de pobreza (para un análisis más completo, consulte nuestro artículo aquí). Esta recomendación fue adoptada por el Consejo en enero de 2023.
Como confirmó el jefe de gabinete del Comisario Schmit en nuestra conferencia de Bruselas, la Comisión optó por un acto jurídico no vinculante por dos razones. En primer lugar, se trata de un problema jurídico: no existe una base jurídica clara para que la UE intervenga en este ámbito. En segundo lugar, hay un problema político: la Comisión es consciente de que un acto vinculante en este ámbito no tendría ninguna posibilidad de ser adoptado por el Parlamento o el Consejo.
Por ello, el Parlamento Europeo ha estado trabajando paralelamente en una resolución con la que pretende promover la adopción de un acto vinculante en esta materia, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo numerosas organizaciones de la sociedad civil.
Esta resolución se adoptó el 15 de marzo de 2023. Además de un llamamiento a la Comisión para que proponga una directiva sobre renta mínima, incluye una serie de recomendaciones a los Estados miembros, que también se encuentran en la recomendación del Consejo. Entre ellas figura la petición de aumentar los regímenes de renta mínima hasta un nivel que sea al menos equivalente al umbral nacional de riesgo de pobreza o exclusión social y dar a conocer mejor estos regímenes y hacerlos más accesibles, especialmente para los grupos desfavorecidos, como las personas sin hogar.