EZA MAGAZINE

La regulación de la economía de plataforma

Planes e iniciativas de la Unión Europea para regular las economías de las plataformas digitales.

La investigación y el contacto diario con las organizaciones miembros de EZA ponen de manifiesto el rápido crecimiento de la economía de las plataformas digitales. Entre 2016 y 2020, el volumen de negocio de la economía de las plataformas casi se ha quintuplicado, pasando de unos 3.000 millones de euros a 14.000 millones. Ya hay más de 28 millones de personas en la UE que trabajan a través de plataformas laborales digitales. Las previsiones indican que su número alcanzará los 43 millones de personas en 2025. En vista de las malas condiciones de trabajo en este sector, los sindicatos piden una revisión de la normativa.

Uno de los mayores retos es la percepción de autoempleo de la mayoría de estos trabajadores. La cuestión es si esta situación se corresponde con la realidad.
Los sindicatos calculan que al menos 5,5 millones están mal clasificados como autónomos. El ala obrera del CESE también pone el dedo en la llaga. Durante una reunión de la CES sobre este tema, su portavoz confirmó que es muy difícil clasificar correctamente la situación laboral de las personas. Las consecuencias son la insuficiencia de derechos laborales y la falta de protección social. Otro problema es el uso de algoritmos en el trabajo de las plataformas, que podría plantear cuestiones de responsabilidad y transparencia.
Como respuesta, la Comisión Europea propone una serie de medidas.

Medidas de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha anunciado varias medidas para abordar diferentes elementos del trabajo en plataformas.
En primer lugar, la Comisión Europea expone en una Comunicación el enfoque de la UE para regular el trabajo en plataformas. La CE invita a las autoridades nacionales y a los interlocutores sociales a complementar esta Comunicación a su nivel. Con esta Comunicación, la CE sentará las bases de las futuras normas mundiales para el trabajo en plataformas de calidad. La CE propone una directiva y un proyecto de directrices para aclarar la aplicación de la legislación comunitaria sobre competencia a los convenios colectivos de los trabajadores autónomos.

El resultado deseado debe ser que las personas que trabajan a través de plataformas laborales digitales puedan disfrutar de los derechos laborales y las prestaciones sociales que les corresponden, así como de una protección adicional en relación con el uso de la gestión algorítmica. En segundo lugar, la CE busca un marco jurídico común de la UE que permita a las plataformas laborales digitales aprovechar plenamente el potencial económico del mercado único y crear unas condiciones de igualdad.

Directiva para la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas
Para abordar los principales problemas, la CE propone una directiva que abarque la correcta aplicación del estatus de empleo, la transparencia en la gestión de algoritmos y la aplicación, transparencia y trazabilidad.
En lo que respecta al estatus laboral, la propuesta de directiva pretende garantizar que las personas que trabajan a través de plataformas laborales digitales reciban el estatus laboral legal que corresponde a sus acuerdos laborales reales. La Directiva enumera varios criterios para la relación entre la plataforma y el trabajador de la plataforma. Si se cumplen al menos dos de estos criterios, se presume legalmente que la plataforma es un empleador. Por lo tanto, las personas que trabajan a través de ellas disfrutarían de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de "trabajador". En segundo lugar, es importante destacar que la carga de la prueba no puede invertirse.

La directiva también aumenta la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las plataformas laborales digitales, garantiza el control humano del cumplimiento de las condiciones laborales y da derecho a impugnar las decisiones automatizadas. Estos nuevos derechos se conceden tanto a los trabajadores como a los auténticos autónomos.  La tercera parte da a las autoridades nacionales más acceso a los datos y a la información clave, incluso si la plataforma opera en varios Estados miembros, de modo que no está claro dónde y quién realiza el trabajo de la plataforma.

(Mon Verrydt)