La libre circulación de personas no sería posible sin la garantía de que los ciudadanos que residen en la UE no pierden sus derechos de seguridad social cuando se trasladan a otro Estado miembro, ya sea por motivos relacionados con el trabajo o por otras razones (vacaciones, traslado al extranjero como jubilado, etc.).
Para salvaguardar los derechos de seguridad social de las personas que se desplazan dentro de la UE, se establecen normas comunes a nivel de la UE mediante el Reglamento "de base" 883/2004 y el Reglamento "de aplicación" 987/2009, en lo sucesivo denominados conjuntamente "Reglamentos de coordinación". Los Reglamentos de coordinación pueden considerarse un elemento importante del acervo social europeo, que es el resultado de un desarrollo largo y gradual durante un período de más de 60 años.
Este artículo ilustra brevemente la importancia de los Reglamentos de Coordinación, tanto en lo que respecta a las personas que se benefician de ellos como al impacto financiero en los sistemas nacionales de seguridad social. De todas las ramas de la seguridad social, las pensiones de jubilación y la asistencia sanitaria son, con mucho, "las más importantes" en un contexto transfronterizo. Por ello, este artículo se centra únicamente en los principales resultados de estas ramas de la seguridad social.
En 2019, se pagaron unos 5,5 millones de pensiones a personas que residían en otro Estado miembro, lo que supuso un gasto total de unos 22 000 millones de euros. Por lo tanto, alrededor del 4% de los pensionistas de la UE residen en otro Estado miembro. El gasto total para este grupo de pensionistas asciende, sin embargo, a "sólo" el 1,1% del importe total de las pensiones pagadas. Este porcentaje inferior se explica por el hecho de que los importes pagados a los pensionistas que residen en el extranjero sólo representan una pensión parcial.
En efecto, en la mayoría de los casos, uno o varios de los otros Estados miembros en los que el pensionista estaba asegurado pagarán un importe adicional. Luxemburgo es, sin duda, un país "atípico" en cuanto a la exportación de pensiones, ya que casi una de cada dos pensiones se paga a un pensionista que reside en el extranjero. Por supuesto, esto se debe principalmente al elevado número de trabajadores fronterizos que llegan. Por último, las cifras recogidas muestran que un gran número de pensiones se pagan a personas que han decidido trasladarse al extranjero, sobre todo a países mediterráneos como Italia y España. Por ejemplo, la exportación de pensiones de Alemania a Italia es el principal flujo de pensiones transfronterizas en la UE.
El impacto presupuestario de la asistencia sanitaria transfronteriza aplicando los Reglamentos de Coordinación sobre el gasto sanitario total asciende a un 0,4% aproximadamente del gasto sanitario total. En términos absolutos, este porcentaje representa un importe de unos 4.250 millones de euros. El impacto presupuestario varía mucho, no solo entre los Estados miembros, sino también entre los distintos tipos de asistencia sanitaria transfronteriza. En 2019, se intercambiaron más de 6 millones de solicitudes de reembolso de asistencia sanitaria transfronteriza entre los Estados miembros. Alrededor del 60 % de estas reclamaciones se refieren a la asistencia sanitaria prestada a personas que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente.
Por consiguiente, el mayor impacto financiero en el gasto público en asistencia sanitaria se observa en la asistencia sanitaria prestada a personas que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente (0,3% del gasto total en asistencia sanitaria). La repercusión presupuestaria de la asistencia sanitaria transfronteriza necesaria no planificada asciende al 0,1% del gasto total en asistencia sanitaria, mientras que en el caso de la asistencia sanitaria transfronteriza planificada sólo supone el 0,02% del gasto total en asistencia sanitaria. Por último, unas palabras sobre la importancia de las normas de la UE en materia de asistencia sanitaria para salvaguardar la libre circulación de personas. Uno de los principios básicos de los Reglamentos de Coordinación implica que el coste de la asistencia sanitaria prestada por el Estado miembro de estancia es reembolsado íntegramente por el Estado miembro competente, de acuerdo con las tarifas del Estado miembro de estancia y no del Estado miembro competente.
Este mecanismo de financiación evita que una persona que recibe asistencia sanitaria durante una estancia en otro Estado miembro tenga que soportar una carga financiera elevada y traslada el coste más elevado al Estado miembro competente. Sin estas normas, todos los ciudadanos que residen en la UE se encontrarían con un gran obstáculo en cuanto al acceso y la asequibilidad de la asistencia sanitaria transfronteriza necesaria no planificada y, por consiguiente, a la libre circulación de personas.
(Frederic De Wispelaere, experto en investigación, HIVA)