Casi 100 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, según datos recientes de Eurostat. Esto representa más de una de cada cinco personas en la UE. El riesgo de pobreza o exclusión social varía según los Estados miembros, y los porcentajes más altos se registran en Rumanía, Bulgaria, Grecia y España. No es de extrañar que las mujeres, los adultos jóvenes, las personas con menos formación y los desempleados corran un riesgo especial.
En este contexto, y tras una serie de compromisos asumidos a nivel de la UE, la Comisión Europea publicó una propuesta de recomendación sobre una renta mínima adecuada en septiembre 2022. Este nuevo instrumento tiene por objeto apoyar a los Estados miembros en la mejora de sus regímenes nacionales de renta mínima.
Para alcanzar este objetivo, los Estados miembros deben asegurarse de que para finales de 2030 sus ayudas a la renta sean adecuadas para garantizar una vida digna. Por lo tanto, el nivel de estas ayudas a la renta debe definirse y actualizarse periódicamente mediante una metodología transparente que tenga en cuenta determinados criterios (como el coste de la vida) y debe ser equivalente a determinados valores nacionales de referencia (como el nivel nacional de riesgo de pobreza).
En segundo lugar, todas las personas que carezcan de recursos suficientes deben estar cubiertas por estos regímenes de renta mínima, lo que exige que los Estados miembros definan criterios de elegibilidad no discriminatorios para acceder a estas prestaciones.
En tercer lugar, la simplificación de los procedimientos de solicitud, la reducción de las barreras administrativas y una información más accesible deben garantizar que todos los posibles beneficiarios se acojan a estas prestaciones.
Otras disposiciones pretenden garantizar que los beneficiarios se conviertan en incentivos y apoyos suficientes para (re)incorporarse al mercado laboral, que tengan acceso a servicios esenciales y habilitadores como la asistencia sanitaria, la atención a la infancia, la energía y el transporte, y que reciban oportunamente un apoyo individualizado.
La recomendación representa, sin duda, otra pieza legislativa importante en el ámbito social después de la recientemente adoptada directiva sobre salarios mínimos adecuados.
Sin embargo, cabe preguntarse si el acto jurídico elegido (una recomendación) tendrá la repercusión esperada, ya que, a diferencia de otros actos de la UE como reglamentos, directivas y decisiones, las recomendaciones no tienen carácter vinculante. Esto significa que la Comisión puede supervisar y supervisará la aplicación de esta recomendación, pero no habrá sanciones para los Estados miembros que no la cumplan.
Antes, la recomendación debe ser adoptada formalmente por los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo.