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Adopción de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados

Los cambios más importantes para los empleados de un vistazo.

Dos años después de su publicación por parte de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo adoptaron el 19 de octubre la Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados en la Unión Europea. Esta legislación pretende garantizar que los salarios mínimos nacionales sean adecuados para proporcionar una vida digna a los trabajadores de la UE.

Para lograr este objetivo, la Directiva debía tener en cuenta la gran variedad de mecanismos y niveles de fijación del salario mínimo en toda la Unión. 
En seis Estados miembros (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia) los salarios mínimos se fijan exclusivamente mediante convenios colectivos y, por lo tanto, sólo se aplican a los sectores cubiertos por dichos convenios. En los otros 21 Estados miembros existen salarios mínimos "legales", que suelen ser universales (es decir, se aplican a todos los trabajadores de todos los sectores). Además, en los Estados miembros con salarios mínimos legales, los convenios colectivos establecen salarios por encima de este umbral mínimo en varios sectores.

En cuanto a los niveles de salario mínimo, los Estados miembros de Europa Occidental encabezan la clasificación, con salarios mínimos por hora en Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Francia, Irlanda y Bélgica que oscilan entre 10 y 13 euros. En la parte inferior de la tabla se encuentran países de Europa del Este como Bulgaria, Letonia, Rumanía y Hungría, con salarios mínimos de entre 2 y 3,21 euros por hora.

Al presentar su propuesta en octubre de 2020, la Comisión señaló que muchos trabajadores de la UE no estaban protegidos por salarios mínimos adecuados. En la mayoría de los Estados miembros que cuentan con un salario mínimo legal, éste es demasiado bajo en comparación con otros salarios o insuficiente para garantizar un nivel de vida digno. Otro problema es que algunos grupos de trabajadores no están protegidos por el salario mínimo en ambos grupos de Estados miembros. Resolver estos problemas no sólo tendría un impacto social positivo, sino que también sería muy beneficioso para la economía, argumentó la Comisión. 

Para garantizar que un gran número de trabajadores estén protegidos por salarios mínimos adecuados, la Directiva pretende, en primer lugar, promover la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados miembros, reconociendo el fuerte impacto positivo de la negociación colectiva en la adecuación de los salarios mínimos en todos los países. Por lo tanto, los Estados miembros están obligados a tomar medidas para promover la capacidad de los interlocutores sociales para apoyar la negociación salarial. La Directiva exige a los Estados miembros en los que la tasa de negociación colectiva es inferior al 80% que presenten un plan de acción con medidas para alcanzar este umbral. 


En segundo lugar, para garantizar que en los Estados miembros con salarios mínimos legales, el nivel de estos salarios sea suficiente para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores, exige a los Estados miembros que establezcan procedimientos basados en un conjunto de criterios claros (por ejemplo, el coste de la vida) y valores de referencia (por ejemplo, el salario medio bruto) para fijar y actualizar sus salarios mínimos legales. 
A lo largo del proceso legislativo, los críticos de la propuesta de directiva cuestionaron la competencia de la UE para legislar en esta materia, alegando que interferiría en la negociación colectiva de los interlocutores sociales. Por el contrario, la directiva pretende promover la negociación colectiva en todos los Estados miembros, no obliga a ningún Estado miembro que no tenga un salario mínimo legal a introducirlo, y no pretende establecer un nivel salarial mínimo uniforme en la UE.

Los Estados miembros tienen ahora dos años para incorporar el contenido de la Directiva a su legislación nacional.

(Sergio de la Parra)